RETROACTIVIDAD CERO
Desde el año 2004, miles de ciudadanos y pequeñas empresas españolas optaron por convertirse en productores o inversores de energías renovables; para ello destinaron sus recursos a la implantación de tecnologías generadoras de energías limpias, alentados por las políticas establecidas por el Gobierno, que, a través del Real Decreto 436/2004 y el posterior RD 661/2007, que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, promovió con acierto la movilización de inversión privada en renovables, con el objetivo de implantar y desarrollar estas innovadoras tecnologías, cumplir con los compromisos internacionales para la reducción de emisiones de CO2 e iniciar el camino hacia un modelo energético sostenible y de futuro.
Como justa contrapartida, a este colectivo se le garantizó unos derechos y una retribución estable, a través de una prima para la energía generada durante toda la vida útil de las instalaciones "para fomentar su implantacion, por su contribucion a los objetivos del régimen especial", indicaba el propio RD 661/2007. De otra manera, en aquel momento, nadie hubiera dedicado ni tiempo, ni esfuerzo ni inversión a este tipo de fuentes de producción de energía.
Las condiciones de partida ofrecían la oportunidad de desarrollar una actividad empresarial con uno margen de beneficio razonable, aunque no exenta de incertidumbres, puesto que, por un lado, era el momento de las inversiones inmobiliarias especulativas con rápidos retornos y, por otra parte, las tecnologías fotovoltaicas no habían alcanzado su grado de madurez, ni lo hubieran hecho sin el esfuerzo humano y económico que realizó nuestro colectivo.
Es obligado recordar, que la labor pionera del sector fotovoltaico español ha aportado un valioso Know how en productos, servicios y gestión, que está siendo ahora bien aprovechado en muchas partes del mundo y, singularmente, en Alemania, a pesar de ser un territorio con baja insolación. La implantación de nuestras plantas de producción generó un efecto multiplicador de conocimiento, empleo de calidad y riqueza.
A su vez, las políticas que favorecían esta eclosión fotovoltaica estaban avaladas por la Unión Europea, que en su directiva 28/2009 marcaba la senda de inversión que deberían seguir los Estados Miembros hasta 2020 para alcanzar los objetivos de: un 20% menos de emisiones de gases de efecto invernadero, con respecto a 1990, Aumentar al 20% la cuota de las renovables en el consumo final de energía y aumentar un 20% la eficiencia energética.
A los pocos meses de estar financiadas, instaladas y operativas las plantas, se inició un interminable rosario de decretos retroactivos que han mermado de manera alarmante las rentabilidades pactadas entre el Estado, con recortes acumulados que alcanzan el 55% de los ingresos que se garantizaban y que impiden afrontar los compromisos de pago soportados por los productores, que siguiendo las sugerencias financieras del Ministerio, se endeudaron con financiaciones de hasta el 80% del valor de las plantas. La sucesión de recortes retroactivos en los últimos 4 años ha sido la siguiente:
1. Limitaciones al cobro de la tarifa regulada establecidas por el RD 1565/2010, que reduce drásticamente los años con derecho prima de manera retroactiva.
2. Limitaciones al cobro de la tarifa regulada establecidas por el RDL 14/2010 y la Ley de Economía Sostenible, que reduce las horas primadas de manera retroactiva, la mayoría de las plantas alcanzan este límite en el mes de agosto.
3. Imposición de un impuesto del 7% a la producción de energía establecido por la Ley 15/2012, y que este colectivo no puede repercutir como el resto de sujetos pasivos de esta nueva carga impositiva.
4. No actualización de las retribuciones correspondientes a las tarifas reguladas y el IPC General (RDL 2/2013).
5. Nuevo marco legal del RD 9/2013 que establece una supuesta pero falaz remuneración razonable, que en la práctica supone la quiebra de la mayoría de las instalaciones tal y como están financiadas.
6. Imposición de soportar Déficit de tarifa a las familias del sector en igualdad con los 3 grandes operadores nacionales (Ley 24/2013), en la primera liquidación correspondiente a enero los productores han percibido, en junio, el 60% de la cantidad que les correspondía.
7. A estos recortes hay que añadir los elevados costes financieros que han supuesto las sucesivas refinanciaciones con la banca, que ha ido elevando los tipos de interés y condiciones al percibir los riesgos regulatorios.
Una actividad normativa que fue acompañada de una intensa labor propagandística para legitimar ante la sociedad el atropello de los derechos de 62.000 familias y la construcción de un nuevo marco energético que sólo beneficia a unas pocas empresas, países y personas.